En el año 2017 el Congreso de la Nación sancionó la Ley nacional 27.364, que crea el Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales; otorgando protección a aquellos jóvenes que se encuentran pronto a dejar los hogares, centros e institutos donde se encuentran alejados de su medio familiar para su cuidado; para iniciar un proyecto de vida autónomo e independiente al cumplir 18 años. Dicha ley les ofrece las herramientas necesarias para un egreso y una adaptación guiada hasta lograr su independencia.
“Sin embargo”, aclaró la diputada cordobesa, “hoy el programa nos plantea una problemática provocada por el desconocimiento de esta ley por parte de los propios jóvenes destinatarios y esta problemática tiene origen en 2 cuestiones: la falta de adhesión de algunas provincias a la ley y la insuficiente capacitación de las personas que se desempeñen en la función pública vinculada directa o indirecta con la atención de jóvenes y adolescentes para aconsejarlos”.
“A 2 años de su sanción”, agregó, “sólo 15 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han adherido a la ley; limitando las posibilidades de un acceso pleno y debilitando los esfuerzos nacionales que se vienen haciendo para lograrlo. Esto, trae como consecuencia que los diferentes operadores locales no resulten eficientes para generar redes de contención y acercamiento de los y las jóvenes con los beneficios de esta ley; sea por desconocimiento o por una formación deficiente para orientar y asesorarlos correctamente”.
En relación a esto, la diputada Soledad Carrizo, presento 2 proyectos, uno de ley y otro de declaración, buscando:
- Completar ampliar la promoción y aplicación de esta ley, impulsado la adhesión de las provincias que aún no lo han hecho.
- Incorporar la capacitación sobre los alcances de esta ley para todas las personas que se desempeñen o se encuentran a cargo de los dispositivos de cuidado formal, o en la función pública en todos sus niveles y jerarquías que se encuentren vinculadas con la atención de jóvenes o adolescentes.
“Ambos objetivos tienden no sólo a asegurar una correcta aplicación de ley 27.364, cumplimentar también con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre la situación de la infancia en nuestro país pero sobre todo permitir que todas las personas que en nuestro país se encuentren a cargo o vinculadas con la atención de jóvenes o adolescentes que residan en institutos, hogares o ámbitos, puedan asesorarlos y orientarlos para su inclusión al programa y transitar hacia una vida de independencia”, concluyó Carrizo.
