En estos días comenzará a discutirse en las comisiones de Justicia y Legislación General, el proyecto de ley que presentó el gobierno con la firma del presidente Javier Milei y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, para modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad.
Los fundamentos de la iniciativa hacen eje en la inseguridad, la creciente participación de adolescentes en el delito y el derecho de las víctimas. La iniciativa propone que los adolescentes deben ser perseguidos penalmente desde los 13 años. El proyecto de ley cita cifras de la base de datos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que en esos informes estadísticos señalan que en los primeros semestres de los últimos cuatro años crecieron las intervenciones judiciales en adolescentes. Y el mayor porcentaje se dio en el grupo etario de menores de 16 años, por su participación en delitos contra la propiedad.
En la actualidad, ningún niño ni adolescente menor de 18 años puede ser detenido. Desde los 16 años es punible, es decir que si participa de un delito puede ser declarado responsable por su conducta. Por debajo de esa edad, si un chico es aprehendido es entregado a su familia o queda bajo medidas protectivas del Estado, a través de Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).
La iniciativa del gobierno propone que exista intervención penal, es decir que pueda ser detenido, imputado, defendido, acusado y condenado o sancionado con medidas alternativas, desde los 13 años, siempre en el marco de un régimen especial, diferente del que rige para las personas adultas.
En este sentido la diputada radical Soledad Carrizo ha sentado posición asegurando que “no comparto un abordaje punitivo sin advertir la infantilización de la pobreza” y aclara que no es un tema nuevo, sino que forma parte de la agenda legislativa. “Se vienen presentando propuestas, con algunas diferencias en cuanto a edades, alcances, modalidades, tipo de delitos”, afirma.
Con un abordaje social, Carrizo admite: “No estoy de acuerdo con abordar la criminalidad y la delincuencia solo desde el paradigma punitivo y del reproche penal. No es posible avanzar en la baja de la imputabilidad si no se acompaña con una estrategia sobre la narcocriminalidad, la infantilización de la pobreza, la deserción escolar, que exija la presencia del Estado en sostener a las infancias y las familias”.
También aclara que la privación de la libertad –que el proyecto reserva para delitos cuya pena supere los tres años de prisión–, “es planteada desde formas diferentes, en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario”. “Deben revisarse y relevarse todas las estructuras donde eventualmente podría llevarse adelante el cumplimiento de la pena, y no solo las cárceles como se cree”, advierte.
Carrizo señala que en Córdoba la sobrepoblación en los penales y las condiciones del Complejo Esperanza merecieron pedidos de informes por lo que opinó que la Provincia debe sincerarse sobre la verdadera situación del complejo para llevar adelante las reformas necesarias, no solo edilicias, sino de asignación de recursos presupuestarios, y personal capacitado para abordar a los adolescentes detenidos.
