La diputada nacional de la UCR Soledad Carrizo junto a su colega, el diputada Ricardo Buryaile presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación a la desafectación de un predio del INTA en la localidad de Hurlingham en provincia de Buenos Aires. Los legisladores buscan conocer el detrás de la Resolución 95/2023 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y que se precise el uso, utilización o explotación que el inmueble ha tenido desde que se encuentra a cargo del INTA.
En las últimas horas se conoció la noticia de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) cedió un terreno de 92.016 metros cuadrados en el partido bonaerense de Hurlingham, para ampliar el proyecto habitacional de Procrear en dicha área. El programa otorga créditos de hasta 30 años para la compra de viviendas nuevas en los desarrollos urbanísticos construidos bajo la iniciativa, además de ofrecer líneas destinadas para la adquisición de terrenos.
El pedido presentado, solicita que se informe justificadamente por qué a criterio de la Agencia el inmueble identificado se encuentra alcanzado por algunos de los criterios que le facultan a desafectar. Los radicales solicitan, a su vez, que se conozca si esta desafectación del inmueble obstaculiza, afecta o modifica la finalidad, actividades o programas en ejecución o por desarrollarse sobre este espacio territorial.
Y, finalmente, si se han realizado estudios de suelo, factibilidad, accesibilidad, conectividad, servicios y seguridad, e impacto ambiental, justificando y avalando la viabilidad del proyecto de Desarrollo Urbanístico.
En ese sentido, Carrizo señaló que “por la importancia que este organismo representa para el sector agropecuario y para el desarrollo tecnológico de la actividad en nuestro país, resulta especialmente llamativo la existencia de un espacio territorial perteneciente a su jurisdicción que manifieste falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, y que como consecuencia de ello pueda ser desafectado provocando la disminución de un espacio que hoy es propio y apto para el desarrollo de sus funciones institucionales, a favor del Fondo Fiduciario Público denominado PRO.CRE.AR”.
“Aun conscientes de la grave y creciente problemática habitacional en nuestro país, incrementada por deficientes políticas públicas de esta gestión, resulta necesario analizar adecuadamente la afectación que esta reducción de espacio territorial del INTA pueda generar para el cumplimiento de sus fines, y más aún, por qué las autoridades de este organismo no han presentado objeciones a esta reducción de espacio de trabajo”, agregó la legisladora cordobesa.
