La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que deroga la Ley 23.798 y busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC).
La diputada nacional Soledad Carrizo acompañó con su voto dicha iniciativa, acerca de la cual consideró que, “abordar de manera integral la respuesta al VIH, la Hepatitis, la Tuberculosis y las ITS, implica modernizar, actualizar la respuesta que el estado ofrece, y sobre todo sensibilizar la mirada que la ciudadanía debe tener sobre estas enfermedades. Hoy no dudamos de la necesidad de actualizar una ley de más de 30 años de vigencia, de receptar una mirada integral que no solo se detenga en el diagnóstico y el tratamiento médico cuestiones claves pero no suficientes, sino que integre a la persona como sujeto de derecho en toda su amplitud”.
“Este proyecto se enmarca en un cambio de paradigma sobre el enfoque del VIH y estas enfermedades hacia uno más social, haciendo énfasis en el trabajo en contra de la discriminación y el estigma, y de la situación real de quienes padecen esta enfermedad. Buscamos migrar de una ley 1990 que tiene un enfoque exclusivamente biomédico, hacia una perspectiva de género y de derechos humanos. Busca poner foco en los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma”, agregó.
Los derechos contemplados por esta iniciativa generan una mejora sustancial para los pacientes: mayores potestades a la autoridad de aplicación, resguardo de confidencialidad, eliminación de los exámenes de manera compulsiva, resguardo de las relaciones laborales, una preocupación central sobre las personas gestantes, un monitoreo, una representación democrática y transversal en la comisión nacional, un observatorio nacional para erradicar la discriminación, entre otras.
“Es necesario también clarificar algunas ideas que son muchas veces incorrectamente interpretadas”, amplió la diputada nacional. “No podemos como legisladores, permanecer al margen de algunas cuestiones que deben resaltarse, y el no prestarles debida atención puede causar desequilibrios e inequidades con otros universos de actores también afectados por otras enfermedades”.
“Me refiero particularmente a la creación de un nuevo régimen jubilatorio de excepción que prevé menores requisitos de edad y aportes que el régimen general y de una pensión no contributiva que genera un desequilibrio para el estado y frente a otros pacientes de otras enfermedades igualmente graves. Seguir creando regímenes de excepción afecta a la equidad distributiva del sistema previsional, y crea un tratamiento discriminatorio para otros pacientes. Es tan importante ampliar derechos, como hacerlo adecuadamente, y este es el momento de revisar cómo estamos legislando”, finalizó.
