Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que establece la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).
Al respecto y en su argumentación en la sesión de la Cámara de Diputados, Soledad Carrizo dijo: “Hoy tenemos junto a este proyecto, una doble responsabilidad: legislar por una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y garantizar el derecho de las infancias en nuestro país. Hace tiempo que este Congreso ha puesto en su agenda abordar las complejidades que atraviesan las mujeres en su vida, y hacerlo en un marco de incansable lucha por el reconocimiento de derechos”.
“Desde las relaciones laborales, atravesando por nuevas formas de violencia, cupos y cuotas de participación que aseguren la igualdad en el ejercicio de derechos, tratamos de poner en evidencia problemáticas que atraviesan diariamente todas las mujeres argentinas. Pero junto a esto, pongo en resalto, la obligación de asumir la problemática de niños, niñas y adolescentes que se encuentran detrás de las deudas de la infancia. El incumplimiento de deberes alimentarios por parte de los padres es un caso de violencia de género hacia la mujer y una vulneración de los derechos humanos básicos del niño”.
“Con este proyecto avanzamos tanto en el impacto de la maternidad en las trayectorias vitales de las mujeres, como en la afectación que implica para el desarrollo de miles de niños, niñas y adolescentes no contar con un sustento económico. Más concretamente, avanzar en la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos permite mitigar las problemáticas de las madres que crían solas, como de esas infancias víctimas de los incumplimientos alimentarios. Para que tengamos en cuenta, 3 de cada 10 madres no conviven con el padre de sus hijos/as y sólo 1 de cada 4 de ellas cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria, repito: nada más que 1 de cada 4”.
“La mirada es doble, porque precisamente la problemática es doble. Y esto, por supuesto, sin monopolizar con un género la problemática del incumplimiento alimentario, sin desconocer que también hay casos de mujeres incumplidoras. Pero siendo conscientes de la amplia e indudable preponderancia de mujeres que crían a sus hijos sin sus padres y que son víctimas de esta forma de violencia, ya que el 97% de los niños, niñas y adolescentes conviven con sus madres. Y en esto quiero ser explícita: la dependencia económica de las mujeres ha sido una constante en la historia, un rasgo del sistema que debemos cambiar, y con ello, la afectación de su libertad y su autonomía”.
“Si a esta histórica dependencia económica se suma una responsabilidad de cuidado exclusivo de sus hijos en casos de madres que no conviven con el padre de sus hijos e hijas, la dependencia es aún mayor. Pero si a esa dependencia le sumamos un incumplimiento del pago de cuotas y deberes alimentarios, estamos hablando de un escenario en el cual se multiplica la responsabilidad de cuidado a cargo de la mujer, la responsabilidad económica, física, y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo se vuelve nulo. Esto solo si lo miramos desde el lado de la mujer, porque si ampliamos sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes, también vemos un condicionamiento, una dependencia absoluta con su progenitor”.
“Este proyecto avanza no solo en la creación de un mecanismo de garantía alimentaria para hijos e hijas de padres incumplidores, sino en una herramienta que promueva la autonomía de millones de mujeres en todo el país que se ven obligadas a renunciar a un desarrollo personal por este incumplimiento. Por eso remarco que el desafío es doble. La creación de un registro de deudores alimentarios morosos no solo envuelve una dimensión económica de las relaciones sociales, y en particular de la vida de las mujeres a cargo de sus hijos, involucra libertad, dignidad, autonomía. Para mujeres, y para infancias. Implica DERECHOS”.
“Y esto no puede entenderse si no somos conscientes del complejo contexto social y económico que atraviesa nuestro país. Estamos hablando de una realidad con un 36,5% de pobreza, y que ese 63% restante necesita más de $200.000 mensuales para sostener a su familia. Estamos hablando de que tenemos el 40% de los niños y niñas en Argentina con desnutrición, al 29% con inseguridad alimentaria, el 54% en condiciones de hacinamiento, al 43% en hogares sin agua potable, al 67% en viviendas precarias, al 62% sin controles médicos al día”.
“Ahora sumemos eso a las consecuencias que trae la inflación, la informalidad y las desigualdades en el ámbito laboral que sufren las mujeres, y que incrementan aún más los costos de vida de una familia a cargo de mujeres. La baja participación de las madres en el mercado de trabajo y la necesidad entre las trabajadoras de conciliar el trabajo remunerado con la crianza llevan a que sean muy pocas las madres con ingresos equivalentes a la de los padres de sus hijos. El 39% de las mujeres jóvenes y adultas que son madres vive en situación de pobreza, y si no completaron el tramo de escolarización obligatorio, este porcentaje se incrementa al 60%”.
“Es decir, estamos hablando de números verdaderamente alarmantes, que se proyectan en primer lugar sobre las condiciones de vida y posibilidades de desarrollo de niños, niñas y adolescentes que dependen de sus madres, pero también estamos hablando de esas madres y de propio proyecto de vida. VUELVO A REITERAR: EL DESAFÍO ES DOBLE”.
“Este proyecto nos ofrece una herramienta para tratar de revertir esta situación. Las provincias han ido avanzando en la creación de registros de deudores alimentarios morosos. Concretamente, en bancos de datos sobre incumplidores de deudas alimenticias, obtenidas por sentencias o por acuerdos. La amplia disparidad de marcos reglamentarios locales, y la necesidad de contar con información nacional que permita alinear acciones y estrategias para que los incumplidores cumplan, nos conduce hoy a la creación de este registro nacional”.
“Mucho hemos debatido en comisiones sobre su conformación, sobre su alcance y funcionamiento. Se han planteado metodologías y técnicas distintas, y hemos logrado traducir en este texto 3 objetivos muy claros:
1- Generar obstáculos a los incumplidores alimentarios, que no deben ser vistas como sanciones, sino como herramientas para persuadir e incentivar a los incumplidores para que cumplan.
2- Desincentivar a futuros incumplidores.
3- Comprometer al estado en una doble problemática. La de niños, niñas y adolescentes que ven afectados sus derechos, y la del proyecto de vida de madres a cargo de sus hijos.
“Un país que atraviesa serias problemáticas, necesita respuestas serias y un continuo compromiso en la generación de políticas públicas para mitigar los efectos negativos en la infancia y en la maternidad. Y así garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el derecho de una maternidad digna”.
