Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo en la que hay presentados un total de 28 proyectos para modificar la Ley de Democracia Sindical
El proyecto propone la alternancia en órganos de dirección y administración y un Régimen de transparencia y prevención de la corrupción, para las asociaciones sindicales; limitando la reelección indefinida y estableciendo un límite de 2 períodos consecutivos de 4 años cada uno, debiendo transcurrir un periodo completo fuera del cargo para postularse nuevamente; fortaleciendo así el estándar de representatividad y legitimidad de estas entidades.
La iniciativa innova con un aporte de trascendental importancia en materia de transparencia, buscando debilitar los incentivos para la corrupción sindical, buscando llevar al ámbito de las organizaciones sindicales herramientas propias de la lucha contra la corrupción del mundo corporativo (personas jurídicas privadas), de la ética de los funcionarios públicos, e incluir algunos aportes de la ley de acceso a la información pública sobre el uso de fondos públicos por parte de estas entidades.
Se propone también incorporar un régimen de declaraciones juradas patrimoniales (dirigido específicamente a los miembros de los órganos de gobierno y administración).
En el país hay cerca de 3.300 entidades sindicales y un nivel de afiliación sindical cercano al 40%. Argentina tiene la tasa de sindicalización más alta en Latinoamérica, y un marco normativo promotor y protector del desarrollo de la actividad gremial, e históricamente han sido considerados un elemento central de la democracia, y su vez, factor de poder. Precisamente por ser actores protagónicos de la política argentina, y con gran injerencia en la vida económica y laboral, es que deben participar de este proceso de cambio y reforma.
“Esta es una idea que vengo sosteniendo desde hace ya mucho tiempo, yo comencé a trabajar estos temas desde el inicio de mi función legislativa, en el 2014, y después fui modificando los proyectos, actualizándolos, modernizando las propuestas hasta llegar a estos 2 proyectos que integran un modelo de actividad sindical, no es solo una propuesta de reforma parcial”, expresó Carrizo al respecto.
“Esto es una mirada integral de la vida sindical: sindicatos democratizados, transparentes, abiertos a los trabajadores, pero también a la sociedad”, continuó. “El proyecto tiene como objetivo que estas organizaciones asuman un papel activo, una autorregulación en materia de transparencia, buscando que incorporen en sus estatutos reglas de conducta ética, sistemas de control y buenas prácticas para prevención de la corrupción y regímenes de incompatibilidades y conflictos de intereses para sus dirigentes“.
“El propósito es revertir la desconfianza ciudadana sobre ambas organizaciones, su crisis de representatividad, teniendo en cuenta que la sociedad los ubica como los espacios de mayor desconfianza. La función social a que cumplen, la disposición de fondos que llevan adelante, hace imprescindible trabajar sobre medidas de transparencia activa, involucrándolos de forma directa en la generación de herramientas de control y prevención de la corrupción, incorporando estándares de transparencia que desalienten y debiliten los incentivos de corrupción hacia el futuro”, concluyó la diputada cordobesa.
