“Ambos proyectos buscan acompañar el desarrollo de las nuevas prácticas judiciales denominadas atípicas, que reclaman nuestra atención como legisladores. Dichas prácticas se manifiestan a través de una actividad de reflexión por parte del órgano judicial dirigida al legislador a través de sentencias que indican y exhortan la readecuación del ordenamiento jurídico, sea ya a través de la derogación, modificación o incluso la sanción de una nueva norma”, explicó la legisladora cordobesa.
El primero de estos proyectos de ley propone la creación de una Comisión Bicameral de Comunicación Judicial y Diálogo Republicano, para el estudio de las sentencias, resoluciones y pronunciamientos judiciales exhortativos y recomendatorios dirigidos por parte de la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la Nación. El proyecto propone la creación de una comisión permanente multipartidaria y de transversalidad política, compuesta por miembros de ambas cámaras y dotada de las competencias necesarias para el estudio de todas las sentencias y resoluciones dirigidas a su conocimiento con carácter recomendatorio por la Corte Suprema.
El segundo proyecto, propone en cambio, la modificación del reglamento interno de la Honorable Cámara de Diputados asignando nuevas competencias a la Comisión de Justicia, permitiendo el estudio de dichas sentencias judiciales que recomienden, exhorten, o prevean la modificación, derogación y/o sanción de una ley por parte del Congreso de la Nación.
“Las dos propuestas buscan generar un espacio de deliberación entre el órgano judicial y el legislativo para el mejor diseño de soluciones que atiendan a problemáticas estructurales en nuestro país; fortaleciendo el diálogo en aquellos temas que por su complejidad requieren una intervención conjunta y no simplemente una reacción unilateral por parte de cada uno de ellos”, amplió Soledad Carrizo..
Algunos ejemplos de estas prácticas judiciales pueden encontrarse en los fallos Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios (29/03/2005 sobre las Reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones); Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus (03/05/2005 sobre el estado y condiciones de las cárceles); Badaro, Adolfo Valentín (08/08/2006 sobre la movilidad jubilatoria); Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación (23/05/2007 referido a la inconstitucionalidad del régimen de nombramiento de jueces subrogantes); y Mendoza Beatriz Silvia y Otros C/ ESTADO NACIONAL y Otros S/ Daños y Perjuicios (08/07/2008 sobre la contaminación ambiental en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo); entre otras, que reclaman para su solución la intervención conjunta de todos los órganos del estado.
“Para que dichas sentencias recomendatorias sean atendidas y revisadas por el órgano legislativo, resulta necesario dotar al Congreso de la Nación -o en su defecto a cada una de sus cámaras- de un espacio concreto para su estudio ante la ausencia de vías institucionales que actualmente permitan su recepción y análisis”, concluyó la Diputada Nacional.
