“Ponemos de manifiesto nuestra preocupación por el fuerte impacto económico que el CORONAVIRUS COVID-19 ha traído para muchos sectores vulnerables de la población; y que sin perjuicio de las medidas que se han dispuesto consideramos aun necesario incrementar su atención, por lo que solicito que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos competentes, y atento la situación de emergencia declarada, disponga la inclusión de todos los beneficiarios de la modalidad de renta vitalicia sin componente público que perciban menos de $10.000, al ingreso familiar de emergencia; aportando la diferencia en defecto que existieren entre su beneficio como rentista y el monto del IFE”.
De esta manera explicaba la diputada nacional Soledad Carrizo los alcances del proyecto de declaración que hoy presentó en la Cámara baja con el acompañamiento de los diputados nacionales, Carla Carrizo, Gonzalo Del Cerro, Emiliano Yacobitti y Miguel Nanni.
En ese sentido, aclaró la legisladora cordobesa, “nos referimos particularmente al universo de beneficiarios de la modalidad de renta vitalicia sin componente público establecidas por el Art. 101 de la Ley 24.241, que han sido expresamente excluidas del alcance del beneficio Ingreso familiar de emergencia dictado mediante Decreto 310/2020. Dicha exclusión resulta de su artículo 2 inciso c. iv) al decir: No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por: Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Recordamos que las rentas vitalicias fueron creadas por la Ley 24.241, como uno de los mecanismos para que los afiliados que cumplan los requisitos para la jubilación ordinaria y los beneficiarios declarados inválidos mediante dictamen definitivo de invalidez, puedan disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual a fin de acceder a su respectiva jubilación o retiro por invalidez, según corresponda en el marco del sistema creado por dicha ley.
“Una gran cantidad de estos beneficiarios no sólo no alcanzan el haber mínimo, sino que incluso un número considerable de estos ni siquiera llega al monto de $10.000 que ha sido dispuesto por el ingreso familiar de emergencia. Por lo que, conscientes del esfuerzo que el estado nacional está llevando adelante para acompañar y asistir a todos los afectados por la crisis, pero poniendo también en resalto el grave perjuicio que los propios rentistas vienen sufriendo injustamente desde hace ya varios años; consideramos necesario atender de forma urgente a este sector con una medida concreta como la aquí propuesta”, concluyó Carrizo.
