Asistimos en los últimos días a un nuevo atropello a la institucionalidad del país. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz fue nuevamente cuestionado a través de un pedido de juicio político por parte de la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, por supuesto “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.
En instancias en las que el máximo tribunal argentino pone en ejercicio la función de moderador y control, de interpretar y aplicar la constitución; rechazamos cualquier pretensión intimidatoria y asfixiante de la libertad e independencia con que todos los miembros de la Corte Suprema deben actuar.
El proyecto de la diputada Siley, sin perjuicio de promover una defensa de los derechos humanos, viene a profundizar el desequilibrio de los poderes en nuestro país, debilitando los fines de control que el poder legislativo tiene a su cargo, reemplazándolo por una coacción al Presidente de la Corte Suprema.
Este pedido de juicio político nos causa gran preocupación y es un peligroso antecedente para la independencia de la función judicial en todo el pais. Vemos intentos de debilitar la delgada línea que separa el control de la amenaza.
Mi responsabilidad es respetar y defender la Constitución ante cualquier ataque. Hago eco de la preocupación de compañeros, miembros de bloque y autoridades legislativas que rechazan este proyecto y ponen su voluntad al servicio del sostenimiento republicano y democrático.
