La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, realizó su última reunión este miércoles en la que se debatió una vez más sobre la actual norma que regla los alquileres en el país.
Desde Juntos por el Cambio se trabajó en una propuesta que atiende equilibradamente la problemática de los alquileres en un país caracterizado por la inestabilidad y la incertidumbre. En este sentido y consultada al respecto, la diputada nacional por Córdoba Soledad Carrizo anticipó que, “se logró reducir el plazo mínimo de alquileres exclusivamente para vivienda a 2 años con la posibilidad de extender 1 año más si al finalizar el contrato no hay oposición del locador”.
Además, “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y mensual, pudiendo acordarse ajustes cada 6 meses como mínimo pactando la forma con acuerdo de partes al inicio del contrato mediante índices oficiales nacionales, provinciales o municipales”, agregó.
También, se estableció que los contratos de alquiler deben declararse ante Afip quien debe disponer un régimen de facilidades para hacerlo. Su falta de registración no impide ejecutar acciones o ejercer derechos de ninguna forma.
Allí, se incorporó también un artículo propuesta por la legisladora cordobesa en donde se dispone que El Poder Ejecutivo debe elaborar y publicar información estadística de manera periódica y actualizada sobre la situación de locaciones habitacional en el país, la demanda y cantidad de hogares inquilinos, y el estado de implementación del régimen de alquiler social. “Es este uno de los puntos centrales que hemos incorporado a este dictamen y sobre los cuales se necesita avanzar: la información oficial. Esto nos da la posibilidad de conocer con certeza las necesidades reales, y en base a eso generar herramientas legislativas oportunas y eficientes”, aseguró la diputada nacional.
“Después de un profundo trabajo de esta comisión, con una extensa y plural participación de distintos sectores, hoy podemos avanzar en propuestas de acuerdo que atiendan a una problemática a la que no hemos permanecido ajenos. Hemos concentrado en una sola propuesta todos los aspectos sobre los que debemos mantener información actualizada, claves para evaluar el desarrollo de esta futura ley y su impacto, tanto para el programa de alquiler social como de las relaciones locativas en general. Creemos que es el estado nacional quien debe ofrecer este insumo, y tiene las herramientas para hacerlo, una obligación ineludible”, finalizó Carrizo.
