La diputada nacional del radicalismo, Soledad Carrizo, dejo abierta la posibilidad que frente al veto total del Presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria el Congreso insista, como sucedió en otras circunstancias similares en el pasado, la sanción que obtuvo la norma a partir de carácter de las instancias y facultades que posee el Poder Legislativo por lo que sostuvo que aunque haya dispuesto esa medida “el Presidente no tiene la última palabra”.
L a diputada cordobesa, planteó que el veto es una de las facultades de control que tiene el presidente sobre el Congreso “¿pero el presidente tiene la última palabra?”. El presidente no tiene la última palabra. El Congreso puede insistir con su proyecto de movilidad jubilatoria, y así lo ha hecho muchas veces. La última vez fue en el año 2003. Ahora el Congreso puede aceptar el veto o insistir en su sanción con 2/3 de los votos, aunque el Presidente no esté de acuerdo”, advirtió.
Al ahondar en la cuestión, la legisladora radical puntualizó: “El Congreso puede insistir con la ley aprobada o puede aceptar una parte del veto. Desde 1983 hasta hoy el Congreso ya ha hecho aceptaciones parciales en 5 oportunidades el Presidente vetó parcialmente leyes, y la Cámara baja aceptó una parte”, recordó la legisladora para abonar las alternativas que se plantean en el plano parlamentario tras el veto a la ley por parte de Milei a través de la firma de un decreto.
Carrizo, que es secretaria de Asuntos Legislativos de la bancada radical en la Cámara Baja rememoró que “también hubo un caso en el que el Presidente vetó totalmente una ley, y el Congreso insistió con una parte de su proyecto original. Fue en el año 2002, con la Ley 25.471 Programa de Propiedad Participada de los ex agentes de YPF. Nos queda plantearnos ¿Qué pasará ahora con la ley de la movilidad jubilatoria? La situación es similar, veremos qué responde el Congreso”, finalizó.
