“El proyecto que hoy aprobamos representa un gran avance para la persecución contra la corrupción dentro y fuera del estado; manifestando la firme posición del gobierno de mejorar la calidad institucional en nuestro país, y lograr transparencia y confiabilidad frente al mundo; una ley, que en realidad viene a sanear una deuda de varios años, y cuya ausencia facilitó las redes de delitos que se tejieron durante todo este tiempo”.
“El Congreso de la Nación ha revitalizado su función deliberativa y de discusión y esta ley representa precisamente el dialogo dentro de las Cámaras y hacia el ejecutivo”, agregó Carrizo. “Ha transcurrido poco más de 1 año desde que el proyecto ingreso a la Cámara de diputados, con casi 9 meses de estudio y correcciones; para luego ir hacia el Senado, donde el proyecto es nuevamente revisado, modificado y aprobado por unanimidad. Hoy, nosotros acompañamos este proceso de acuerdo democrático. Este tránsito de casi 1 año no simboliza demora ni desgaste; muy por el contrario ha permitido la identificación de deficiencias y problemas, asegura un control político y técnico que fortalece el resultado”.
Respecto puntualmente al proyecto, la legisladora cordobesa consideró que el régimen penal de responsabilidad para las personas jurídicas, tal como ha sido diseñado permite una triple finalidad, preventiva, correctiva y reparadora. “De esta manera se generan los mecanismos necesarios para persuadir e incentivar a las empresas y al propio estado de la comisión de nuevos delitos; estamos dando una señal muy fuerte contra la impunidad y la invisibilidad que existió durante muchos años en nuestro país. De la misma forma, se establece un régimen punitivo razonable, coherente, proporcional y no simplemente vinculado a presiones de la opinión pública ni agenda mediática”.
Del proyecto se destaca la transversalidad de todo su articulado, pensado tanto para la corrupción local y la internacional, para el sector privado pero dirigido también a quienes forman parte del estado. La generación de incentivos y medios para la prevención y la reparación -como los programas de integridad dentro de las empresas, la creación de un registro nacional de reincidencia, la restitución de lo beneficios ilegalmente obtenidos y la posibilidad de acuerdos de colaboración eficaz- modifica el escenario para el desarrollo del sector privado dentro de nuestro país.
“En resumidas cuentas, esta ley propone la reconfiguración de las relaciones entre el sector público y el sector privado en Argentina: hoy logramos reemplazar la idea de la invisibilidad y los vínculos de utilidad corrupta, por la lógica de transparencia en el relacionamiento y la cooperación de ambos sectores, logrando reposicionar nuestro país frente al mundo en materia de políticas contra la corrupción y confianza en nuestra propia ciudadanía”, concluyó.
