A su regreso de la provincia de Formosa, donde junto a otros diputados nacionales participó de varias actividades, Soledad Carrizo realizó un balance del viaje calificando la situación vivida como, “de una gravedad institucional pocas veces vista en Argentina”.
“Llegamos a Formosa para conocer, observar y visibilizar la situación de una provincia que durante meses estuvo bajo el manto del silencio, blindada y sometida a un ejercicio desbocado del poder. Una gestión provincial con 25 años de gobierno ininterrumpido que ha logrado tender redes de dominio institucional, que desbordan el sano ejercicio democrático”, agregó. “Hoy vemos una provincia donde parece haberse olvidado los derechos constitucionales, una provincia al margen de la ley, con derechos y libertades de se ejercen con mayor limitaciones que en el resto del país”.
“Hoy lamentablemente no vemos proporcionalidad, razonabilidad, no existen argumentos válidos para la restricción de derechos tal como viene aconteciendo, y que adicionalmente requiere del uso de la fuerza para sostenerla en el tiempo. Lo que hemos visto los últimos días es la imposición de una voluntad personal frente a la expresión popular”.
“Estamos muy alarmados, muy preocupados por la gestión realizada respecto de los centros de aislamiento, el ingreso, y la circulación de personas, pero más nos sorprende el respaldo del presidente Alberto Fernández a un gobernador que no tiene cómo justificar su actuación y que incluso la propia corte suprema ha intervenido para moderar sus excesos”, amplió la legisladora cordobesa
A 1 año de que el país haya declarara la emergencia sanitaria por el covid, la provincia continúa insistiendo en medidas restrictivas. Mientras el resto del país y el mundo trabajan en propuestas de promoción e incentivo para el retorno a la normalidad, en Formosa los criterios son totalmente contrapuestos.
Respecto de la visita, Carrizo aseguró que la presencia de la comitiva en Formosa, “no buscó el protagonismo mediático, sino que fue una colaboración para visibilizar la situación, hacerse eco del reclamo y mantener en agenda un tema tan pero tan preocupante que el propio gobierno nacional ha insistido con restar importancia”.
“En Formosa vemos un claro desequilibrio entre acciones sanitarias y goce de derechos fundamentales. En esta provincia, las medidas restrictivas que iniciaron hace ya 1 año se han transformar en una herramienta y un justificativo desde el cual las autoridades públicas condicionan, restringen y criminalicen los derechos como el trabajar, reunirse, circular, y sobre todo protestar”.
“No es posible pretender una protección de la salud descuidando o desprotegiendo otros derechos, esto produce un desequilibrio intolerante en el estado de derecho, donde las autoridades públicas se transforman, no en garantes de derechos, sino en controladores. Lamentamos profundamente la falta de un pronunciamiento firme, ejemplificador y recomponedor del presidente, recordando que la autonomía de las provincias y la descentralización operativa para disponer medidas contra el covid ceden ante la constitución”, concluyó la diputada nacional.