Tienen derechos

El comienzo de año le dio la espalda a la infancia en nuestro país. Durante los primeros meses, la agenda fue ocupada por la deuda externa, los compromisos económicos y los viajes del Presidente y de la vicepresidenta.

Hace unos días, sin embargo, la lamentable noticia de una nueva muerte por desnutrición infantil nos hizo recordar lo que realmente debería convocar la atención de forma permanente: en lo que va del año, ya suman ocho muertes por desnutrición. Algo que duele aún más al escuchar que “todos los años fallecen chicos por desnutrición en esta época”, como la propia ministra de la provincia de Salta resaltó.

En 1990, nuestro país aprobó la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y a la que en 1994 la Reforma Constitucional le concedería la máxima jerarquía, esto es, el mismo valor que a la propia Constitución.

Desde 1990 hasta nuestros días, Argentina transitó un largo camino de desarrollo y modernización, período durante el cual ocho presidentes de distintas extracciones políticas ocuparon la administración general del país.

Sin embargo, en 30 años transcurridos muchos problemas siguen aún atravesando el país, con mayor o menor intensidad, con nuevas perspectivas e incluso con nuevos actores, y Argentina no ha podido resolver deficiencias estructurales. Los flagelos sobre los derechos de los niños son uno de ellos.

Hablar de infancia es abrir una puerta que nos conduce hacia innumerables caminos de debate y reflexión: pobreza, desnutrición, educación, conflicto con la ley penal y, lamentablemente, mortalidad.

No obstante, no es suficiente el ritmo decreciente del que da cuentas el propio Ministerio de Salud de la Nación al informar que la tasa de mortalidad infantil para todo el país disminuyó a 8,8 por mil nacidos vivos en 2018 –en relación con 2017, que presentó 9,3 por mil nacidos vivos, lo que representa una reducción de 531 defunciones de niños menores de 1 año– y que 12 provincias registraron en 2017 la más baja de los últimos 10 años.

La infantilización de la pobreza –esto es, la concentración del empobrecimiento en las franjas más jóvenes del país– continúa creciendo.

Detenernos a repensar esto nos conduce hacia el presente, pero sobre todo hacia el futuro, entendiendo que la infantilización de la pobreza es una deuda actual cuyos intereses se pagan día a día e hipoteca nuestro futuro: la transmisión generacional de sus efectos nos asegura niños, adolescentes y adultos con deficiencias.

Generar políticas públicas integrales, transversales y sostenidas en el tiempo puede permitirnos romper ese círculo vicioso intergeneracional a través del cual la malnutrición perpetúa la pobreza, y la pobreza perpetúa la malnutrición, tal como nos enseña el informe de Unicef sobre el estado mundial de la infancia 2019 “Niños, alimentos y nutrición”.

No basta generar acuerdos: es imprescindible mantenerlos en el tiempo.

Los derechos consagrados para niños, niñas y adolescentes son un eje fundamental para el desarrollo sostenido de nuestro país, y colocarlos en escala de prioridad no debe ser sólo una decisión normativa constitucional, sino una política de Estado con acuerdos que trasciendan lo político y se inserten en el diálogo social y ciudadano.

En instancias del proceso de transición de gobierno que las elecciones presidenciales trajeron, pusimos en evidencia la importancia de trascender las filiaciones partidarias en pos de trabajar los consensos necesarios para reactivar el diálogo y generar desde allí propuestas conjuntas que fortalezcan la confianza hacia dentro y hacia fuera de nuestro país.

El acento estuvo puesto en esa oportunidad en la necesidad de gestionar una transición ordenada de gobierno que permitiera al país mantener el orden más allá del recambio de autoridades. Y ello también implica hoy la continuidad de políticas evitando quiebres y disrupciones que pongan en pausa la atención del Estado en determinadas problemáticas; y una de estas es precisamente la infantilización de la pobreza, con todo lo que eso implica.

A poco más de dos meses de iniciada la nueva gestión nacional, estamos a tiempo de reconfigurar el orden de prioridades en la agenda nacional redirigiendo los esfuerzos políticos y económicos en propuestas transversales y consensuadas que trasciendan el cortoplacismo y aborden de manera estratégica estos problemas.

Nuestra responsabilidad como representantes es acercar las posturas para llegar al consenso y encontrar soluciones. Y la sociedad en su conjunto debe ser consciente y acompañar la lucha contra este flagelo.

Por más que algunas estadísticas mencionen disminuciones, cada vida perdida es un atentado contra la sociedad argentina; cada niño o niña que ve afectada su dignidad por la pobreza o que muere en ella es un derecho esencial de nuestra comunidad que se ve dañado. Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos consagrados y debemos hacer lo necesario para que puedan ejercerlos en plenitud.

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