En línea con uno de los textos que el presidente de la Nación anunció en la Asamblea Legislativa dentro del paquete de leyes que enviará en el corto plazo al Congreso Nacional, la diputada nacional cordobesa de la UCR, Soledad Carrizo, ratificó sus proyectos de ley que viene presentando desde el 2018, respecto a la democratización en sindicatos y obras sociales con el fin de “promover la alternancia en los órganos de dirección y administración, y un régimen de transparencia y prevención de la corrupción”, explicó.
“Estos proyectos proponen la alternancia en órganos de dirección y administración y un régimen de transparencia y prevención de la corrupción, para ambas entidades; limitando la reelección indefinida y estableciendo un límite de 2 períodos consecutivos de 4 años cada uno, debiendo transcurrir un periodo completo fuera del cargo para postularse nuevamente; fortaleciendo así el estándar de representatividad y legitimidad de estas entidades”, informó Carrizo. “Pero ambos proyectos innovan con un aporte de trascendental importancia en materia de transparencia, buscando debilitar los incentivos para la corrupción sindical”, agregó.
La iniciativa tiene por objetivo llevar al ámbito de las organizaciones sindicales y obras sociales sindicales herramientas propias de la lucha contra la corrupción del mundo corporativo (personas jurídicas privadas), de la ética de los funcionarios públicos, e incluir algunos aportes de la ley de acceso a la información pública sobre el uso de fondos públicos por parte de estas entidades. Se propone también incorporar un régimen de declaraciones juradas patrimoniales (dirigido específicamente a los miembros de los órganos de gobierno y administración).
Para el caso de las obras sociales sindicales, junto a la renovación y alternancia de los miembros de órganos de dirección y el establecimiento de un régimen de transparencia y prevención de la corrupción, se busca también establecer la incompatibilidad para el ejercicio simultaneo de cargos electivos en obras sociales y sindicatos; que hoy constituye uno de los principales incentivos para la corrupción y la generación de ilícitos dentro de estas entidades.
“Nuestro país asiste hoy a un proceso de reconfiguración institucional, trabajando en el diseño de herramientas de transparencia y presupuestos éticos y de buen gobierno para sus dirigentes en todas las áreas de gestión pública, en miras a fortalecer la legitimidad social, y revitalizar la confianza y la participación ciudadana. En el país hay cerca de 3.300 entidades sindicales y un nivel de afiliación sindical cercano al 40%. Argentina la tasa de sindicalización más alta en Latinoamérica, y un marco normativo promotor y protector del desarrollo de la actividad gremial, e históricamente han sido considerados un elemento central de la democracia, y su vez, de factor de poder”, agregó la legisladora cordobesa.
“Precisamente por ser actores protagónicos de la política argentina, y con gran injerencia en la vida económica y laboral, es que deben participar de este proceso de cambio y reforma. Esta es una idea que vengo sosteniendo desde hace ya mucho tiempo, yo comencé a trabajar estos temas desde el inicio de mi función legislativa, en el 2014, y después fui modificando los proyectos, actualizándolos, modernizando las propuestas hasta llegar a estos 2 proyectos que integran un modelo de actividad sindical, no es solo una propuesta de reforma parcial. Esto es una mirada integral de la vida sindical: sindicatos democratizados, transparentes, abiertos a los trabajadores, pero también a la sociedad“.
Estos 2 proyectos tienen como objetivo que estas organizaciones asuman un papel activo, una autorregulación en materia de transparencia, buscando que incorporen en sus estatutos reglas de conducta ética, sistemas de control y buenas prácticas para prevención de la corrupción y regímenes de incompatibilidades y conflictos de intereses para sus dirigentes. El propósito es revertir la desconfianza ciudadana sobre ambas organizaciones, su crisis de representatividad, teniendo en cuenta que la sociedad los ubica como los espacios de mayor desconfianza.
La función social a que cumplen, la disposición de fondos que llevan adelante, hace imprescindible trabajar sobre medidas de transparencia activa, involucrándolos de forma directa en la generación de herramientas de control y prevención de la corrupción, incorporando estándares de transparencia que desalienten y debiliten los incentivos de corrupción hacia el futuro.
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