Sin presupuesto, no hay igualdad

En el tramo final de este año parlamentario, transitamos el proceso de discusión de una ley clave para el funcionamiento del Estado: el presupuesto nacional.

Tal como dicta la tradición del gobierno federal, a la oposición 
–acorralada por una recia mayoría oficialista que no se apresta a la discusión ni a la negociación que el sentido común sugiere en democracia– sólo le resulta posible analizar, estudiar y tratar de entender el 
porqué de ciertas cosas. En otras palabras, aprender para no repetir.

En este contexto, el proyecto de ley del presupuesto nacional para el ejercicio 2016 –aprobado por la Cámara de Diputados pese a la estéril insistencia de la oposición en tratarlo luego de las elecciones– invita a la reflexión y a la actitud crítica de los ámbitos de competencia en que cada uno de los legisladores nos especializamos y prestamos especial atención.

En mi caso, trabajo desde hace años en el terreno de la economía social: cooperativas, mutuales y desarrollo regional de las comunas y de municipios del interior.

El propósito de mi labor es profundizar el debate sobre la igualdad de género y favorecer la participación femenina en distintos espacios políticos, institucionales y de decisión, con especial preocupación por la evaluación del cumplimiento de normas paradigmáticas en la materia en nuestro país. A saber, la ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, y la ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Reclamo mundial de la mujer

Del 7 al 9 de octubre último, en mi carácter de diputada nacional, participé en el Foro Global de Mujeres Parlamentarias, Women in Parliaments Global Forum (WIP).

El encuentro mundial de mujeres parlamentarias –organizado por el Senado de la República de México y el WIP– tuvo por objetivo central discutir medidas concretas tendientes a aumentar el número de mujeres en la toma de decisiones a nivel global.

En las distintas instancias de trabajo desarrolladas, fundadas en un marco comparativo de la situación de las mujeres en los distintos países, fue motivo de orgullo el liderazgo argentino en este campo, en virtud de la evolución normativa alcanzada en cuestiones relacionadas con la protección de la mujer.

Esto no debe sorprender, ya que Argentina tiene una rica tradición de producción legislativa, tanto en el Congreso de la Nación como en las distintas legislaturas provinciales. Por eso, no es casual la existencia de leyes que fueron y son el modelo para seguir por muchos estados vecinos.

Esto nos lleva a profundizar aún más nuestra reflexión: la tensión social existente, la problemática cada vez más creciente sobre la violencia de género en todas sus formas, la trata de personas, los abusos, la invisibilización de la mujer, entre otras maneras de la condición femenina, ¿pueden ser solucionadas sólo a través de leyes?

Las declamaciones y promesas magnánimas que las leyes expresan deben encontrar un verdadero camino de ejercicio. Los derechos no deben ser letra muerta. Mucho menos, poesía.

El precio de los derechos

La producción legislativa es tan sólo una parte de la solución; siempre resulta de gran importancia que el Congreso y los distintos órganos legislativos recepten las inquietudes sociales, los temores y las problemáticas y los traduzcan en políticas públicas concretas.

Esto denota una cercanía entre el Poder Legislativo y la sociedad y una reivindicación justa para quienes reclaman.

Sin embargo, esta tarea legislativa debe ser completada y acompañada institucionalmente por los demás órganos del Estado y de la sociedad.

En este sentido, vale destacar la crítica que merece la ley de presupuesto nacional, diseñada por el Poder Ejecutivo y que en algunos días sería aprobada sin debate alguno: oscuridad, falta de transparencia y claridad expositiva, carencia de imaginación y, sobre todo, irracionalidad e incoherencia.

Todos los avances y logros legislativos, concretados en nuevos derechos y nuevos instrumentos de protección como los que contemplan las leyes de referencia, quedan a la espera de una decisión política ejecutiva que otorgue el presupuesto necesario para su puesta en marcha y funcionamiento. Lamentablemente, todos los derechos tienen su 
precio.

Del proyecto de ley de presupuesto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados no surgen datos ni información suficientes para determinar con cuánto dinero 
cuentan los órganos creados para efectivizar los derechos de la mujer.

Por caso, el Consejo Nacional de la Mujer, cuya asignación presupuestaria específica y propia resulta desconocida para 2016.

Peor aún: la Ley Nacional de Prevención y Sanción de la Trata –sancionada en 2008 y luego modificada en 2012–, cuyo Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas (luego de varios años, aún no fue integrado de modo formal) no está considerado dentro de la ley de presupuesto anual con una partida presupuestaria propia.

Desde nuestra instancia de oposición, convocamos a reflexionar sobre la necesidad de hacer de las leyes un verdadero instrumento de vida y no relegarlas a hermosas poesías que prometen una igualdad de género de realización imposible.

Necesitamos un acompañamiento sincero de parte de todos los órganos del Estado, para combatir el flagelo de la desigualdad de género y garantizar un espacio de participación femenina y protección efectiva para la mujer.

Pero en instancias recaudatorias estatales superavitarias –como la de este ejercicio que concluye–, la ciudadanía debe exigir no sólo transparencia, sino que los derechos sean de verdad derechos y se les asigne la prioridad presupuestaria que sus leyes de creación también prometen

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