Responsabilidad y transparencia

Desde la Reforma Constitucional de 1994, los períodos gubernamentales tienen una duración de cuatro años, con la posibilidad de una reelección. A partir de esa fecha, Carlos Menem obtuvo un período más, lo siguió Fernando de la Rúa, luego la crisis y varios presidentes hasta 2003, con Néstor Kirchner. A él lo sucedió en dos ocasiones Cristina Fernández y luego Mauricio Macri.

Cuando en 2015 a Cristina Fernández le tocó dejar el poder, la transición gubernamental y el traspaso tuvo un sobresalto. Esta situación se volvió noticia y comenzaron a elaborarse discusiones sobre dónde, cuándo y cómo debía ser el traspaso a Mauricio Macri.

Como todos recordaremos, la situación necesitó de intermediadores, y el traspaso no fue un ejemplo de protocolo. Este punto es importante, ya que a las instituciones también las hacen las costumbres. Pero no sólo quedó ahí: la transición, con la correspondiente rendición y transparencia de cuentas, fue un ítem complicado.

En Argentina, los problemas estructurales que traemos hace muchos años no corresponden sólo a una gestión, sino que son problemas que se acarrean desde gestiones anteriores y, debido al carácter fundacional de cada nuevo gobierno, mientras se gestiona la nueva historia se borra la anterior.

Que se borre la historia anterior es en parte responsabilidad nuestra (de los políticos), pero también de los ciudadanos que no exigen niveles de transparencia y de mantenimiento de las políticas y las cuentas anteriores. Y aquí viene un interrogante.

¿Cómo es posible que las nuevas gestiones continúen con las políticas públicas acertadas si la gestión saliente no brinda la información necesaria?

Vivir siempre en clave fundacional con los nuevos gobiernos implica que los gobiernos entrantes no se preocupan por lo que deja la gestión saliente. Así también, vivir en clave fundacional les da una excusa a los gobiernos salientes para no ser del todo responsables de las cuentas y de las instituciones públicas hasta las últimas horas de su mandato.

Frente a esta situación, comprendemos que tanto los ciudadanos como los gobernantes debemos vivir en un país que otorgue mayor previsibilidad y certidumbre. Fortalezas institucionales que otorgan las leyes.

Nuestro país necesita un entramado legal-institucional sobre el proceso de transición en el cual se abarque a todos los órganos de la administración pública (en este caso nacional).

Órganos que deberán brindar a una comisión determinada la información detallada y precisa sobre sus organigramas, gastos, políticas, personal, que les permitirá a quienes sean los nuevos funcionarios conocer qué se hizo de manera correcta y eficiente y qué es necesario modificar para el pleno desarrollo y el bienestar de los argentinos.

También es necesario que, en el proceso de traspaso de poder, las costumbres y la simbología institucional y protocolar sean delimitadas para actos de tanta trascendencia democrática. No hay que olvidar que en América latina existe un alto porcentaje de presidentes que cuando buscan la reelección, la consiguen. La pregunta es: ¿qué hacer en ese caso?

La respuesta parece bastante sencilla: cada período gubernamental, durante la gestión, debe tener un proceso de transparencia continua, pero al final es oportuno realizar un balance de gestión con actores externos a la propia gestión y a la fórmula presidencial. Es decir, la comisión de transición también funcionará por más que el color político sea el mismo o los representantes sean reelegidos.

Convertir nuestro país en uno estable, donde la seriedad, la responsabilidad, la transparencia y el diálogo sean las virtudes más destacadas, es posible. Para ello, necesitamos que el proceso de transición y de traspaso presidencial sea una costumbre ejemplar.

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