Proyecto para regular el proceso de transición de gobierno

 

“El proyecto que he presentado, tiene por objeto regular el proceso de transición y el traspaso de atributos presidenciales entre el presidente en mandato y el presidente proclamado, y demás autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, aseguró al respecto Soledad Carrizo.

“Es una ley con la vocación de generar las reglas procedimentales necesarias para asegurar un proceso de transición de gobierno ordenada, transparente y dotada de previsibilidad para todos los actores involucrados. Lo que intenta la iniciativa, es evitar que las alternancias de fórmulas presidenciales correspondiente a frentes electorales opositores produzcan afectaciones a futuras gestiones, comprometiendo un inicio eficiente de gestión gubernamental”, agregó.

En tal sentido, contar con un marco reglamentario como el aquí propuesto permite para el gobierno saliente:
•       Generar un informe de gestión que posibilite a la ciudadanía conocer con claridad el detalle de su labor.
•       Fortalecer la transparencia institucional.
•       Institucionalizar los procesos de transición y alternancia democrática ordenados y pacíficos como reglas y no simplemente cómo prácticas.
•       Crear espacios de diálogo y cooperación transversal incluso entre frentes electorales contrarios.

Para el gobierno entrante:
•       Simplifica el proceso de relevamiento y búsqueda de información.
•       Permite publicitar a la ciudadanía el verdadero estado y condiciones en que inicia su gestión.
•       Facilita una correcta evaluación de medidas y formulación de políticas públicas.

Para el estado y la administración:
•       Impide el retraso o dilación en el desarrollo regular de la función administrativa.
•       Garantiza la continuidad de políticas públicas.
•       Permite el conocimiento y acceso de la ciudadanía al interior de la organización estatal.

“La propuesta”, amplió la diputada nacional, “contempla la creación de una comisión integrada por un total de 10 miembros, 5 de los cuales son designados por el Presidente aún en mandato y 5 representantes del presidente proclamado, a cargo de un coordinador general también designado por el presidente en mandato; todos ellos sin recibir remuneración por su función. Esto permite la coordinación de medidas y decisiones ante que reacciones adversariales anti dialoguistas”.

“El proyecto viene a ofrecer certidumbre, reglando que el presidente proclamado deberá prestar juramento ante la Asamblea Legislativa durante el décimo (10mo) día del mes de diciembre del año en que fue electo y estableciendo expresamente que recibirá los atributos personalmente en la Casa de Gobierno por parte del Presidente con mandato cumplido, donde acto seguido deberá designar a sus ministros, quienes prestarán el juramento de ley”.

Como cuestión final, el proyecto deja a salvo posibles interpretaciones que pudieran acontecer ante reelecciones de un mismo mandatario, estableciendo de forma expresa que tanto el informe de transición cuanto la integración de la comisión y su labor se realizarán igualmente aunque un presidente sea reelegido para ofrecer difusión y conocimiento público del estado de la administración al momento del vencimiento del periodo presidencial.

“La propuesta no sólo constituye un mecanismo de modernización democrática institucional, sino que persigue también el propósito de revertir la desconfianza ciudadana y la afectación sobre la propia administración pública, ofreciendo las herramientas necesarias para prevenir desencuentros políticos que atenten contra el Estado”, concluyó la legisladora cordobesa.

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