Proyecto para pedir al gobierno nacional mayor control sobre planes y programas de asistencia social

“Nuestro país atraviesa una crisis económica y social profundizada por la pandemia y por la errática gestión del gobierno nacional. Los indicadores son preocupantes: 10,2% de la población desocupada, 42 % bajo la línea de pobreza y un 10,5% en situación de indigencia, lo que demanda una asistencia economía que permita a millones de argentinos contar con recursos para atender sus necesidades diarias”, expresó Carrizo en la fundamentación de su pedido.

“Nuestro país destina gran parte de su presupuesto en asistencia estatal a través de un sinnúmero de programas que involucran más de 140 planes diferentes y que transversalmente y a través de diferentes prestaciones, alcanzan a un universo de beneficiarios que hoy supera los 20 millones de personas, es decir el 55% de la población argentina”, continuó. “La asistencia como política de estado se evidencia también en cuanto el presupuesto inicial del ejercicio para el año 2021, aumentó en $1.152.852 millones de su proyección original y cuyo destino prioritario fueron los programas sociales, los subsidios energéticos y la inversión pública”.

La iniciativa propuesta por la legisladora cordobesa, solicita al gobierno nacional que a través de los organismos competentes, disponga el desarrollo e implementación de las medidas para el adecuado control sobre planes y programas de asistencia social entre las que incluye la implementación de mecanismos de control y auditoria institucional para asegurar el otorgamiento y recepción de los planes sociales de forma directa y personal por sus beneficiarios; la publicidad actualizada sobre la nómina de todas las organizaciones, instituciones comunitarias o sociales y toda otra asociación autorizada para intervenir o intermediar en el proceso de entrega, la distribución y aplicación de las prestaciones de planes o asistencia estatal

  Además la identificación y publicidad de la nómina de los funcionarios públicos del estado nacional, provincial o local autorizadas a intervenir o intermediar en el proceso de entrega, distribución y aplicación de las prestaciones de planes o asistencia estatal; un sistema de control preventivo para evitar que la entrega o aplicación de prestaciones correspondientes a planes sociales con fondos públicos se efectúe por cualquier funcionario a titulo personal, con el fin de promoción electoral personal o de otros candidatos o partidos políticos, o con el propósito de influir en la voluntad electoral de los beneficiarios, que se efectúen bajo condición de que el beneficiario receptor respalde o promueva alguna campaña electoral, candidato, partido político o la asistencia condicionada a actos públicos o electorales.   Por último, el proyecto también contempla la puesta en marcha de un sistema de recepción de denuncias telefónico y virtuales seguras y/o anónimas de beneficiarios afectados, y de todo ciudadano sobre prácticas distorsivas, clientelares o violatoria de la finalidad de los planes de asistencia social estatal, y sobre la participación de intermediarios no autorizados en su recepción, incluidos funcionarios públicos.  
“La desigualdad es una enfermedad endémica en América Latina y las políticas sociales son una manera de luchar contra ella. Ciertamente, no es la única, pero su importancia es indiscutible. Pero sin perjuicio de esto, es evidente que deben ser objeto de evaluación y control publico. La evaluación es una manera de identificar buenas prácticas, solucionar problemas y favorecer a una mejora en la ejecución de dichas políticas. La existencia de una evaluación sistemática es también una manera de controlar los servicios públicos y proteger contra la apropiación indebida de los recursos”, finalizó la diputada nacional.  
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