Tras varios anuncios e insinuaciones, finalmente el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación publicó las condiciones para acceder a los beneficios de la 3ra edición del programa Previaje, dirigido a promover el turismo nacional en temporada baja durante los meses de octubre y noviembre.
Casi como una ventana de oportunidad, el Gobierno nacional ha sabido edulcorar el alto costo de los dólares para acceder al turismo internacional con medidas de promoción para incentivar el turismo local, y favorecer el desarrollo económico de las principales zonas turísticas del país.
Con algunos matices especiales, esta nueva edición se diferencia de sus anteriores por el reducido plazo para aprovechar los beneficios y el menor porcentaje de devolución de los gastos. Sin embargo, conserva un componente común con las ediciones previas: la indiferencia absoluta hacia el turismo accesible.
Considerando que, según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial manifiesta algún tipo de discapacidad y que en nuestro país ese porcentual alcanza el 13% del total de su población, poco más de 5 millones de personas en Argentina se ven invisibilizadas por esta inferencia.
La omisión del turismo accesible dentro del programa Previaje se traduce en la desatención de un universo vulnerable frente a las reducidas posibilidades de planificar su esparcimiento y acceder en condiciones de igualdad al disfrute del turismo.
De esta manera, las cifras de turistas beneficiarios del programa que con tanto orgullo el Gobierno nacional reitera, esconden tras de sí una política pública insignia para la actual gestión que olvida que desde hace 20 años existe en nuestro país una ley de turismo accesible prácticamente inoperativa.
¿Turismo accesible? Bien, gracias.
En nuestro país, en agosto de 2002 se sancionó la Ley de Turismo Accesible, enmarcada en el sistema de protección integral de las personas con discapacidad, tendiente a adecuar las prestaciones de servicios turísticos y agencias de viaje argentinas a los criterios establecidosen la Ley N° 24.314 de accesibilidad de personas con movilidad reducida y su decreto reglamentario N° 914/97.
El turismo accesible es tanto una herramienta para asegurar un acceso igualitario al goce de los derechos de las personas con discapacidad, cuanto también un interesante marco para el desarrollo económico regional, vinculando tanto la necesidad de los usuarios como la oportunidad para explotar un nuevo mercado por parte de los operadores turísticos.
La Ley de Turismo Accesible fue proyectada como una herramienta para asegurar la plena integración de personas con discapacidad a un contexto de esparcimiento y recreación, en un escenario en donde hoy, todavía existen complejas barreras y obstáculos crecientes, como la falta de rampas para las personas que utilizan sillas de ruedas, la falta de adaptación edilicia en lugares de alojamiento, la falta de intérpretes de lengua de señas o cuestiones aún más sencillas como la ausencia de menúes en sistema braille para las personas con discapacidad visual, entre otras.
Esta ley que ya lleva 20 años de vigencia y que obliga a las agencias de viajes informar a las personas con discapacidad y sus acompañantes sobre los inconvenientes e impedimentos que pudiere encontrar en la planificación de un viaje que puedan obstaculizar su integración física, funcional o social, tiene al gobierno nacional como su principal incumplidor.
La discapacidad nos interpela a profundizar las tareas protectorias, de integración y promoción del pleno goce de los derechos de todas las personas en condición de igualdad e incrementar los esfuerzos para eliminar todas las barreras y obstáculos que puedan afectarlo.
Lejos del objetivo de garantizar una mayor amplitud en la participación de personas beneficiarias, tal como el propio Ministro de Turismo y Deporte de la Nación afirma en esta nueva edición, la reiterada omisión de herramientas que promuevan el turismo accesible dentro del programa Previaje lo trasforma en una medida restrictiva y excluyente, pero lamentablemente coherente con las políticas que el propio Poder Ejecutivo ha venido dispensando para la discapacidad en Argentina.
Hoy la discapacidad sufre ajustes, indiferencia y falta de prioridad en la agenda del gobierno nacional, y desde el Congreso nos hacemos eco y unimos al pedido de millones de argentinos para que recupere su lugar protagónico en las políticas públicas nacionales.
Por más salud, más educación y más acceso al disfrute, la discapacidad en Argentina pide ser integrada al concepto de “todos” que el Gobierno nacional ha llegado a vaciar de sentido. Todos es con todos, pero de verdad, no a medias.
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