Pedido de informe sobre la aplicación de la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental

“Desde hace días venimos presenciando en los medios de comunicación todo tipo de análisis acerca de las adicciones y la salud mental como consecuencia de lo sucedido con el reconocido músico Santiago Moreno Charpentier, conocido como “Chano”. Este debate nos permite reflexionar sobre la necesidad e importancia de garantizar el respeto a los derechos de las personas con padecimientos mentales, entendiendo la salud mental como un proceso complejo y que reclama un abordaje multidisciplinario; destacándose con especial importancia la incorporación de las adicciones como parte de la asignatura”, expresó al respecto la diputada nacional.

En este sentido, Soledad Carrizo presentó un pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que informe a la Cámara de Diputados de la Nación, en relación a la implementación de la Ley 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental. En su iniciativa solicita un detalle de cuáles son las acciones de inclusión social, laboral y atención en salud mental comunitaria que las jurisdicciones locales están llevando adelante en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación.
Además, se pide informe sobre la existencia, datos y estado de funcionamiento de las casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas que estén actualmente en funcionamiento de los que tenga registro la autoridad de aplicación. Sobre el grado de adopción de los objetivos de la ley mediante planes de adecuación institucional por parte de manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados o su sustitución definitiva por otros dispositivos alternativos, de los cuales tenga conocimiento la autoridad de aplicación de la ley.
“También es importante que el gobierno nacional nos informe sobre cuáles son, en qué consisten y el estado de adopción de las recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de esta ley”, agregó la legisladora cordobesa.   “La ley en cuestión, es un amplio catálogo de obligaciones y compromisos que el estado nacional asume como parte de un programa de readecuación y ejecución de sus principios. Sin perjuicio de esto, a más de 10 años de su sanción, y 8 de su reglamentación, la ley de salud mental presenta un sin número de desafíos relativos a su implementación y grado de cumplimiento, así́ como también sobre la eficacia de los mecanismos propuestos, muchos de los cuales se desconocen”.  

“Hoy se pone de manifiesto esta necesidad no sólo las personas que sufren las adicciones y las consecuencias a las que son conducidas en su vida personal, sino por el reclamo del entorno y grupo familiar de esas personas y sobre la insuficiencia de esta ley para dar respuesta a la problemática. Esta situación, reclama una pronta atención por parte del estado nacional y las provincias, con el diseño de políticas que ofrezcan herramientas efectivas para responder a estos casos. Pero previo a poner en debate la necesidad de modificar la ley 26.657, debemos conocer primero en detalle el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el estado y las provincias a través de esta ley; evaluando no sólo las deficiencias normativas sino en los actores involucrados en su cumplimiento y ejecución”, finalizó al respecto Soledad Carrizo.  

Datos de interés e importancia  

Previo a la pandemia, la situación de las adicciones en nuestro país mostraba un escenario preocupante, que fue expuesto con claridad en la declaración de “Emergencia Nacional en Materia de Adicciones” del año 2016 para atender al abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social.   Desde entonces en nuestro país se han duplicado los casos de muerte por sobredosis, llegando al punto tal de registrarse una muerte cada 36 hs. por consumo de estupefacientes; y alcanzado en 2020 un aumento del 500% en el consumo de drogas.   Según el informe de mortalidad relacionada al consumo de sustancias psicoactivas, elaborado por SEDRONAR 2017, las muertes relacionadas con el consumo de drogas en la población de 15 a 64 años para el año 2017 se estimaron en 15.500 casos.

Ello representa el 19,1 % de las muertes totales para ese grupo de edad y una tasa bruta de mortalidad de 54,9 cada 100.000 habitantes, para el mismo período. La pandemia ha acelerado estos indicadores mostrando un escenario aún más complejo de incremento de las adicciones. El consumo de tabaco, alcohol y drogas empieza a ajustarse a una nueva realidad caracterizada por el Covid-19, la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio.

Esto se ha visto evidenciado también en las denominadas drogas legales o psicofármacos advirtiéndose un fuerte aumento en su consumo, ya que en comparación con 2019, durante 2020 se vendieron 187.009 unidades más de Clonazepam (+3,93%) y 286.801 unidades más de Alprazolam (+6,31%). Estos porcentajes triplican y quintuplican respectivamente el promedio general de incremento de unidades dispensadas de medicamentos, registrado el año pasado (+ 1,36%).      

Autora del proyecto: Dip. Nac. M. Soledad Carrizo

Acompañan con su firma:

Dip. Nac. Gabriela Lena – Dip. Nac. Claudia Najul – Dip. Nac. Luis Pastori – Dip. Nac. Brenda Austin – Dip. Nac. Ximena García – Dip. Nac. Roxana Reyes -Dip. Nac. Federico Zamarbide – Dip. Nac. Alicia Fregonese – Dip. Nac. Albor Cantard – Dip. Nac. Lidia Ascarate – Dip. Nac. Gabriela Burgos – Dip. Nac. Lorena Matzen – Dip. Nac. Mario Arce – Dip. Nac. Ingrid Jetter.

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