Firma del “Acuerdo Federal” entre Provincia y Municipios

“El Acuerdo Federal suscripto el día miércoles pasado entre la provincia de Córdoba, los municipios y comunas del interior nos recuerda nuevamente que la promesa del federalismo en nuestro país, es la promesa de fondos que permitan la supervivencia de todo el interior provincial. El obligado tránsito hacia un convenio marco denominado Acuerdo Federal, esconde tras de sus bondadosas promesas de empoderamiento de comunas y municipios, y profundización del federalismo territorial, la única forma posible que tienen estos entes de acceder a una respuesta institucional sobre la deuda que la provincia tiene para con ellos y cuya discusión fue cerrada unilateralmente hace ya tiempo”, comenzó manifestando la Diputada Nacional.

“Así las cosas, continuamos un paso adelante y un paso atrás en la consolidación real del federalismo provincial, haciendo de la palabra “acuerdo” un término vacío de contenido y asociándolo en su consecuencia a mecanismos unilaterales de imposición que no contemplan diálogo y que a pesar de sus loables promesas traen nuevas obligaciones y competencias para los municipios y comunas a cambio de dinero que le es propio. De todo esto, resulta que la deuda argentina con el federalismo, es no sólo una deuda de dinero, es más una deuda de diálogo y honestidad”,

“Estoy convencida de la necesidad de expresarme en este sentido y lo hago como ex intendenta y como actual Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación”, continuó.

Respecto del acuerdo y sus alcances, la legisladora cordobesa consideró que el proceso de reestructuración del federalismo nacional inaugurado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines del 2015 con la exhortación que hiciera a través de los fallos que concedían la razón a las provincias reclamantes por los fondos retenidos indebidamente; “parece haber conmovido la indiferencia con que nuestra provincia trataba el tema de la deuda con los municipios y comunas del interior”.

“La destacada aceptación con la que contó dicho acuerdo por parte de los municipios y comunas adherentes, no debe hacer creer que constituye una respuesta definitiva ni satisfactoria para la deuda que la provincia mantiene para con todos ellos; sino que resulta el único camino posible que tienen estos para acceder a una masa presupuestaria mínima que les permita brindar infraestructura y servicios a su población”, amplió.

“Tal como fuere dispuesto, las sumas prometidas responden en realidad a un mecanismo crediticio y de financiamiento desde la provincia que contempla una quita considerable y la ausencia de intereses para su restitución, pero sabiendo que dichos beneficios otorgados lo son a cuenta del pago de la deuda que la provincia mantiene con ellos. Junto a esto, el pacto contempla también la descentralización de competencias provinciales hacia los municipios a partir de una correcta creencia (desde la provincia), que la desconcentración operativa de estas cuestiones como obras públicas y servicios resulta más conveniente por la proximidad y cercanía del municipio y la comuna con la problemática de sus habitantes y vecinos”.

“Esta premisa, no obstante ser cierta, esconde también la promesa de un giro presupuestario necesario para el cumplimiento de estas nuevas competencias municipales, pero que en definitiva les pertenece constitucionalmente a los municipios y comunas ya que corresponde a la masa patrimonial restituida a la provincia a partir del fallos de la Corte de diciembre último. De esta manera, la reasignación de funciones viene compensada con dinero que a los municipios ya les correspondía amen de esta nueva asunción de competencias”.

Desde esta perspectiva, las bondades de este nuevo convenio marco en la relación provincia-municipios-comunas resultan opacadas por la ausencia de un dialogo sobre los reclamos económicos que se mantienen, y más aun, incrementados a partir de la restitución (por vía cautelar) que la Corte Suprema hiciera del 15% retenido por nación desde 1992 a través del pacto fiscal y que en 2012 Córdoba abandonaría iniciando su reclamo a la Nación.

Finalmente y sobre la discusión de la deuda, Soledad Carrizo consideró que la pluralidad de matices y banderas políticas asistentes a la suscripción de este acuerdo federal, demuestran la vocación de hermanamiento federal que se ha gestado, meritoria y favorable para este gobierno provincial, “pero que permite vislumbrar la existencia del conflicto económico aun latente al que hicimos referencia: la deuda provincial”.

“En este sentido y con gran tino, el presidente del Foro de Intendentes de la UCR Ramón Mestre no obstante suscribir, hizo expresa advertencia de que suscribir este acuerdo no hace perder la posibilidad de exigir vía judicial los derechos de los municipios sobre este nuevo ingreso provincial a partir de diciembre de 2015”.

En definitiva, el argumento de la provincia para evitar abrir de forma directa esta discusión se centra en la existencia de una ley (por cierto inconstitucional) la 10.077 que en su art 3 reasigna estos nuevos fondos recibidos por la provincia para el auxilio a la Caja de Jubilaciones provincial, desalentando de esta forma cualquier posibilidad sobre su redistribución, tal como lo ordena la constitución provincial.

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