En la primera sesión tras las elecciones PASO, la oposición unida en la Cámara de Diputados, excepto la izquierda y los tres libertarios, logró conseguir la media sanción de una reforma a la Ley de Alquileres, tras una votación que resultó con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado.
Al respecto, la legisladora cordobesa expresó su satisfacción ya que según consideró, “aprobamos la reforma a la ley de alquiler y modificamos la defectuosa ley anterior para mejorarle la vida a la gente. Mientras que en contra del mercado, en contra de la gente, en contra del inquilino y del propietario, Milei y el kirchnerismo votaron en sintonía”.
“No logramos la derogación total pero hoy acercamos una respuesta a los principales reclamos de inquilinos y propietarios. Un primer paso en un largo camino para solucionar la crisis habitacional argentina. Quedó demostrado que la mitad de los diputados y diputadas nacionales, queremos tratar la Ley de Alquileres mientras que la otra mitad, tiene otra agenda, lejana a los problemas de la gente”, concluyó Carrizo.
Los dos cambios centrales al texto original que salió de comisiones el 22 de junio de 2022 se refieren al período de tiempo para los ajustes y al mecanismo que podrán utilizar las partes para la actualización del precio.
De esta manera, la iniciativa aprobada establece que en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses.
En tanto, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden.
Además, el proyecto vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.
En relación a los beneficios fiscales, se contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados, se considere como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados.
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