En el día de hoy, la diputada Soledad Carrizo participó de la reunión conjunta de las Comisiones de Defensa del Consumidor, Comercio, Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda en la cuál dieron dictamen favorable a los proyectos de ley para la defensa y fomento de la competencia.
“Los proyectos en cuestión son del año 2016 y planteaban como objetivo central la persecución de conductas que afectan la libre competencia, el acceso al mercado y que incentivan el abuso de una posición dominante con perjuicio para el interés económico general”, sostuvo al respecto la legisladora cordobesa.
En cuanto a los antecedentes vinculados a este tema, Carrizo explicó que en el año 1999 se sancionó la reforma a la ley de defensa de la competencia 25.156, creando un tribunal administrativo de defensa de la competencia para la aplicación de las sanciones por conductas anticompetitivas que nunca tuvo funcionamiento ni integración. Luego, en el año 2014, a través de la ley 26.993 de creación de sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo se modifica el espíritu de aquella ley eliminando la idea de un tribunal autárquico e independiente para el control y la defensa de la competencia; asignando a la secretaría de comercio, intervención directa en el control y las sanciones. Esto trajo graves perjuicios para el desarrollo del sector productivo del país por decisiones arbitrarias de dicho órgano no independiente. Desde entonces, un sinnúmero de proyectos han intentado revertir esta situación, restituyendo el funcionamiento de un órgano imparcial con esta función.
“El dictamen logrado en el día de la fecha, amplio la Diputada Nacional, “establece la creación de un Tribunal de Defensa de la Competencia, independiente, autárquico y desconcentrado , la creación de un Defensor del Pueblo Adjunto especializado en la materia de defensa de la competencia y los consumidores”.
Además, “crea un régimen de clemencia que permita a involucrados directos en una conducta anticompetitiva delatar a sus socios a cambio de una reducción o exoneración total de sanciones administrativas, un control previo de concentraciones impidiendo que se materialice la operación hasta tanto se expida el Tribunal al respecto o se cumplimenten los plazos antes referidos”.
Finalmente, los proyectos en cuestión, conforman un régimen de Fomento de la Competencia y crea la Subsecretaría de Fomento de la Competencia que estará ubicada en el ámbito de la Secretaría de Comercio en el Ministerio de Producción de la Nación. “Se crea un Fondo de Fomento de la Competencia constituido por recursos presupuestarios pero también con un 25% de las sanciones administrativas y confiamos en su pronto tratamiento para la previsibilidad del desarrollo económico del país con seguridad jurídica”, concluyó Soledad Carrizo.
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