Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes: “Hoy saldamos una deuda histórica con la infancia de nuestro país”

La diputada nacional por Córdoba, Soledad Carrizo, participó de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes donde finalmente, luego de un arduo trabajo y tras 14 años de espera, se designó por unanimidad a la Dra. Marisa Graham como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes y a los abogados Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos

Al respecto, Carrizo expresó su satisfacción ya que según consideró, “saldamos una deuda histórica con la infancia de nuestro país. Los niños, niñas y adolescentes van a contar con un Defensor para garantizarles la igualdad de derechos. Han transcurrido 14 años de la sanción de la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y poco menos desde su reglamentación en 2006; pero hoy podemos agregar una fecha más en el calendario para conmemorar, 25 de Abril de 2019, día en que con un enorme esfuerzo esta comisión bicameral ha propuesto formalmente dotar a nuestro país de un defensor para la infancia”.

“Hoy se habla de números que impactan y que trascienden a la efectividad de las normas: el 62,5% de los menores de hasta 17 años tiene alguno de sus derechos vulnerados y supera solo el aspecto económico; sino implica una mirada transversal e integral de la infancia. Así los derechos vulnerados son más que un número: son deficiencias del estado, pero también de la sociedad, que nos convocan a todos a trabajar y generar oportunidades”, manifestó Soledad Carrizo.

“Luego de tanto tiempo de demora en un breve período hemos logrado dar forma a una herramienta de gran valor para atender la indefensión y vulnerabilidad de la infancia. En 2017 se dio el primer impulso, designando a los integrantes de la Comisión y aprobando un reglamento de labor. Desde entonces, todo el trabajo de la comisión ha estado marcada por la transparencia, el dialogo y la retroalimentación permanente con un amplio universo de actores vinculados a la infancia en Argentina, como las organizaciones y los defensores provinciales; llegando a recibir aportes de 90 asociaciones civiles y 133 representantes de instituciones públicas, trabajadores y expertos sobre la mejor forma de lograr una designación rigurosa y atenta a las necesidad de nuestro país”. 

Además, la legisladora cordobesa, valoró los aportes realizados ya que aseguró, “desde el inicio del concurso, con la inscripción de los postulantes, las distintas etapas decantaron finalmente en una evaluación sobre su idoneidad para elaborar una descripción diagnóstica de la situación de la niñez y adolescencia en la Argentina; proponer un diseño orgánica para el funcionamiento de la Defensoría; y definir funciones del Defensor en relación a los Promoción y protección de derechos de los niños en clave federal y coordinada con los demás órganos del estado y la sociedad. A dicha presentación le siguió la última instancia del proceso de selección, traducida en una defensa oral a través de audiencias públicas en las cuales los candidatos defendieron su plan de trabajo y respondieron nuestras inquietudes. Desde allí elaboramos un orden de mérito y alcanzamos el consenso necesario que nos trajo hasta aquí”, relató Carrizo.

“Nuestra labor no estuvo guiada simplemente por la necesidad de cumplir con un imperativo legal, sino con compromisos internacionales asumidos constitucionalmente por nuestro país y ofrecer una herramienta real para atender el contexto de vulneración de la infancia en Argentina: sus condiciones de vida y desarrollo, pobreza, educación, trabajo infantil, salud, intervención estatal en niñez, discapacidad, migración, conflicto con la ley penal, etc. son algunos de los aspectos que ocupan la misión de esta figura”, concluyó.

Finalmente, es importante destacar que durante las últimas décadas nuestro país ha avanzado enormemente en términos legislativo, es decir en crear un marco jurídico para garantizar los derechos de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Esto sin embargo no es suficiente y los derechos deben ser ejercidos y garantidos en la práctica, fuera del recinto del Congreso. Legislar no significa necesariamente garantizar su efectivo cumplimiento, sino dotar de herramientas que luego deben ser puestas en práctica.

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