En diciembre de 2022, cuando el presidente Fernández comenzó desesperadamente a buscar firmas de apoyo de los gobernadores para el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, reiteré incontables veces que estaba perdiendo su tiempo, el poco tiempo de gestión que le quedaba. Y peor aún, estaba haciendo perder tiempo a la ciudadanía. Un año después, ese tiempo se ha ido, es tiempo que hemos perdido.
En su último año de gestión, el presidente Fernández invirtió más recursos en querer adueñarse de la Corte, que en atender la crisis económica que provocó más del 150% de inflación interanual. Después de un extenso desgaste institucional, la comisión de Juicio Político de la HCDN se reúne por última vez para tratar la acusación a los jueces miembros de la Corte Suprema. Una puesta en escena que solo sirvió para profundizar la grita política e institucional, que afectó la división de poderes y que volvió a querer hacer del Congreso una herramienta de amenaza y temor al servicio del presidente, la vicepresidenta y sus caprichos personales.
Hoy ratificamos lo que, desde enero de este año, en el comienzo de este proceso afirmamos: el kirchnerismo no ha logrado acreditar la existencia de mal desempeño que motivó el pedido de juicio político. Apenas una exigua mayoría le permitió a los diputados y diputadas del “Frente de Todos” que integran la Comisión de Juicio Político seguir adelante con este montaje, y votar en favor de la admisibilidad de los pedidos de juicio político.
Un largo proceso lleno de irregularidades, abusos, arbitrariedades, falta de pruebas, y ausencia total de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio de los jueces investigados. Hoy después de extensas reuniones, debates, cientos de testigos y prueba aportada no existe convicción alguna de la responsabilidad que el kirchnerismo ha pretendido imputar a los jueces de la corte suprema de justicia de la nación.
Estos 10 meses de trabajo en la comisión de juicio político solo evidencian el propósito de avasallamiento de la independencia de la justicia, afectando gravemente la división de poderes y debilitando la confianza ciudadana en el estado de derecho. El juicio político no puede ni debe ser utilizada como un mecanismo de distorsión institucional a libre disposición de las conveniencias y el oportunismo político, como una herramienta correctiva y disciplinaria que busca condicionar la decisión de los jueces.
Hemos sido testigos de graves irregularidades, manifiestas ilegalidades durante este proceso, violando reglas del debido proceso, la defensa en juicio, y garantías constitucionales. Los atropellos personales han desbordado las necesidades reales de la ciudadanía y el presidente y su vicepresidenta han puesto durante 1 año a la comisión de juicio político al servicio de sus caprichos.
Han hecho uso de una herramienta constitucional en contra de la propia constitución. ESTE JUICIO POLITICO NO HA SIDO UN MECANISMO DE CONTROL, HA SIDO PERSECUCIÓN IDEOLOGICA Y POLITICA.
El actuar de una justicia independiente no le gusta al kirchnerismo, nunca le ha gustado porque incomoda y molesta. Y esto no es nuevo. La amenaza a la justicia siempre estuvo latente, pero ahora con este juicio político han logrado perseguir con recursos del estado.
Hoy rechazamos estas acusaciones no solo porque han demostrado serinfundadas, irregulares, sino por ser una herramienta al servicio de intereses personales.
Este gobierno se irá, pero la justicia independiente quedará.
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