Campañas, coparticipación, déficit habitacional

“El breve lapso transcurrido desde el inicio de la campaña electoral confirma la vocación del oficialismo cordobés de generar distancia y desencuentro con el Gobierno nacional.
Durante este año, las expresiones del gobernador Juan Schiaretti dejaron ver el eje del discurso que lo acompañará hasta octubre: el desequilibrio en la distribución de fondos y la discriminación de la Nación hacia Córdoba; en resumidas cuentas, la culpa es de otro.
Sin embargo, la ausencia de certezas en dicho eslogan no sólo se evidencia en la falta de propuestas concretas, sino en la intencionalidad de invisibilizar el verdadero apoyo que el Gobierno nacional ha ofrecido a Córdoba desde el inicio de su gestión.
Casi como una respuesta automática, las acusaciones a la Nación sobre su responsabilidad por los problemas que hoy afronta la provincia de Córdoba –como los incrementos en las tarifas de servicios eléctricos e incluso el grave problema habitacional que en las últimas semanas se ha denunciado– pretenden convertirse en un escudo de indemnidad por parte del Gobierno provincial.
Así, se reemplazan las soluciones a los problemas por un redireccionamiento de crítica continua hacia el Gobierno nacional, con un discurso de campaña que sostiene UPC desde hace un tiempo: la desigualdad de trato entre la Nación y las provincias, en especial Córdoba.
Coparticipación
Desde el inicio de su gestión hacia fines de 2015, el Gobierno nacional no hizo del federalismo un estandarte publicitario sino una herramienta real para recuperar el deteriorado diálogo institucional dentro del Estado.
La revitalización del federalismo no sólo tuvo en miras una perspectiva económica, de restablecimiento de pautas de equilibrio para la distribución de fondos, sino la preocupación de generar un proceso de compensación para el desarrollo equitativo de provincias históricamente afectadas.
El plan Belgrano, hoy en creciente desarrollo; el plan Patagonia, tendiente a mejorar la estructura del sur del país; más el diálogo iniciado con las provincias para la revisión de la situación fiscal y tributaria del país con miras a un pronto tratamiento de la Ley de Coparticipación permiten acreditar dicho compromiso federal.
Desde esta perspectiva, el mayor federalismo que el gobierno provincial reclama como eje de su campaña debe transitar por un filtro de honestidad y auto reproche de responsabilidad local.
Déficit habitacional
La provincia de Córdoba ¬padece hoy un déficit habitacional que supera las 67 mil viviendas. Y hace falta un complemento de igual magnitud para resolver el déficit de precariedad y cohabitación.
Sumado a ello, la grave situación se completa con un creciente escenario de asentamientos irregulares sin planificación, tanto a través de la proliferación de villas de emergencia como de ocupaciones y la precarización en el norte provincial.
Esto se produjo por la desarticulación o falta de políticas sustentables en materia de vivienda que acompañen el crecimiento poblacional y la demanda habitacional de la provincia.
Hoy Córdoba tiene un sistema de planes de asistencia habitacional que involucra a varios ministerios, pero alimentado presupuestariamente con una intervención fundamental de recursos de la Nación, sea a través de la adhesión a programas federales de vivienda como del propio Fonavi.
Las transferencias del Fonavi I representaron, durante el ejercicio 2015, el 81,55% del total de ingresos del período para la Dirección General de Vivienda de la provincia de Córdoba (DGV).
Esto puede verse con mayor claridad en el plan Vida Digna, creado con el objetivo de disminuir la pobreza estructural en la provincia y mejorar el hábitat, alimentado principalmente con recursos del propio Fonavi.
Sin embargo, la responsabilidad de la Provincia se deriva tanto en el desvío de los recursos dados por Nación (Fonavi) –que entre 2012-2015 alcanza un promedio del 30%– por aplicación de dichos recursos para fines diferentes (cuestión esta autorizada desde 2002), como en la incorrecta gestión de los planes provinciales que se sirven de dicho fondo nacional, tal como acontece con Vida Digna.
La incorrecta gestión de Vida Digna no sólo afecta el cumplimiento de la política nacional de vivienda, debilitando la coordinación existente entre ambos entes de gobierno, sino que incrementa las deficiencias habitacionales, tanto en su irregularidad cuanto en su falta de sustentabilidad.
Córdoba es asistida por la Nación y esto es invisibilizado por la Provincia, que imputa al gobierno nacional responsabilidades en temas de competencia local y desconoce su apoyo en cuestiones de esencial importancia para el desarrollo provincial.
En este escenario, cualquier reclamo sobre un mayor federalismo se vuelve una simple declamación oportunista con fines electorales. No sólo oculta a la ciudadanía los verdaderos problemas, sino que los propios responsables se convencen de que la culpa siempre está en otro lado”.

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